
En dicha denuncia solicitó que la Presidente Ejecutiva de JAPDEVA, debe ajustar sus acciones al principio de legalidad tal y como lo establece la Constitución Política, pues el pago de los salarios por jornadas no devengadas, no es un acto discrecional de la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA. Por lo que es un deber resguardar los recursos del Estado y acreditar que el trabajador reciba la contraprestación establecida en el contrato laboral.

Asimismo, se solicitó al Ministerio Público investigar cuántos pagos se han realizado, en qué períodos, por cuáles funciones y la legalidad de los mismos. Así como la personas o personas que han tenido dominio funcional al respecto.
Parte de la solución de los problemas que aquejan al país consiste en poner orden y someter al Estado a la ley. No le parece?