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SOBRE LA “DECLARACIÓN POR LA DEMOCRACIA”

Mi Curul (Núm. 66), 13 de Diciembre  del 2012

El malestar en las calles, la impopularidad del presente gobierno, la falta de rumbo y diálogo de sus principales actores, la ausencia de canales de comunicación y el autismo político que le alcanza, no bastó para que los presidentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo (éste arrogándose competencias que no le alcanzan) y Judicial, firmaran en Zapote un “pacto” de“concordia y de convencimiento común” para  “apurar” los cambios “de fondo” que se requieren para mejorar el funcionamiento del Estado costarricense. Se tragaron el alimento con el que los recibieron y le levantaron el rabo al gobierno. Desde luego que temas sustantivos  como los que indico en las primeras líneas, a todas luces, no se abordaron.

Además, el señor presidente de la Asamblea Legislativa, que  ni constitucional ni reglamentariamente me representa en ese foro, ni en ningún otro, se arrogó la potestad de firmar tal Declaración sin contar con una autorización legislativa que lo faculte. Mucho menos me compromete en lo que, atribuyéndose facultades que no le corresponde, firme y publicite. Me imagino que el presidente de la Corte, quien también firma, sí contaba con la venia del Poder Judicial para rubricar en su nombre ¿o no? Pero eso es harina de otro costal y no me compete profundizar al respecto.

El presidente de la Asamblea Legislativa participó en la citada reunión sin el consentimiento previo del Plenario, pues de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento Legislativo, la Presidencia del mismo tiene atribuciones claramente puntualizadas, mismas que en ningún momento lo asisten para comprometer a la Asamblea Legislativa en acuerdos como el firmado.

Por otra parte, como se conoce y trascendió, los presidentes de los Supremos Poderes ya estaban previamente de acuerdo en todo, e incluso hasta se informó que habían hablado por teléfono, a fin de preparar el acuerdo que, cual show mediático, firmaron frente a cámaras y flashes. Por cierto, los que impulsamos la no reelección del Magistrado Cruz (origen del convite), y sus motivos, no estuvimos invitados.

Donde no hay autoridad, firmeza, ni toma de decisiones valientes y necesarias para superar el mal estado de la nación, embriagados de poder, allá, consensuaron una declaración por la democracia, el Estado de Derecho y el respeto entre los poderes de la República, título pomposo y llamativo que no refleja la verdadera problemática del país.

“Simple y sencillamente ya le llegó la hora a la reforma institucional del Estado”, sostuvo la señora presidente, y anunció que el próximo año se conocerá un informe de los expertos (¿notables?), a quienes encargó un análisis sobre las formas de mejorar el funcionamiento del Estado. Qué lástima que no les pidió la fórmula sobre cómo gobernar un país con tino, firmeza y probidad.

El acuerdo al que llegaron los presidentes reza textualmente de la siguiente forma:

1. 1. Nos enorgullecemos de formar parte de una Nación que a lo largo de su historia ha cultivado los valores democráticos y que aún en las más adversas circunstancias, ha demostrado su capacidad para resolver sus diferencias de manera predominante, mediante el diálogo, la negociación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una democracia que gracias a su trayectoria es considerada la más sólida de América Latina y una de las más sólidas a nivel internacional.

1. 2. Expresamos nuestra preocupación por los hechos acontecidos en días anteriores, cuando en el marco de un proceso de reelección de un magistrado de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, se produjo un enfrentamiento entre representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.

1. 3. Sostenemos que, pese a la situación que tuvo lugar y a las manifestaciones que se produjeron en torno a los hechos señalados, nuestro país sigue contando con sólidos cimientos sobre los que se asienta su democracia y su Estado de Derecho.

1. 4. Coincidimos en que más allá de los acontecimientos puntuales acaecidos, éstos ponen de relieve problemas de fondo que desde hace muchos años vienen afectando el funcionamiento de algunas de las instituciones del Estado, los cuales se expresan en un marcado deterioro de la relación entre los Poderes de la República y de su capacidad para responder con oportunidad y eficacia a las demandas ciudadanas.

1. 5. Observamos con satisfacción los esfuerzos que diversos grupos de la sociedad costarricense han venido emprendiendo para proponer reformas al marco político-institucional del Estado costarricense. Con el afán de recoger algunos de estos esfuerzos, la Presidenta de la República convocó a un grupo de expertos para que efectuara una revisión del marco institucional del Estado costarricense con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y sus conclusiones están prontas a producirse. Las recomendaciones y aportes de éste y otros grupos, constituirán una base importante que permitirá orientar una discusión nacional dirigida a obtener resultados concretos en beneficio de nuestra democracia.

1. 6. Abogamos porque se avance con más rapidez y determinación en los debates que ya tienen lugar en la Asamblea Legislativa en materia de reformas al reglamento legislativo, y a la jurisdicción constitucional, para lo cual, el Poder Ejecutivo se compromete a convocar durante el período de sesiones extraordinarias los expedientes legislativos correspondientes. Asimismo, se compromete a remitir los resultados que surjan del grupo de expertos.

1. 7. Consideramos que Costa Rica puede demostrar, una vez más, que su democracia cuenta con los instrumentos para promover las reformas que sus instituciones necesitan y que sus ciudadanos demandan.

1. 8. Hacemos un llamado a todos los grupos sociales, económicos y políticos del país para que se sobrepongan a sus diferencias y confluyan en un debate serio y constructivo que conduzca al remozamiento de nuestras instituciones públicas y con ello, al fortalecimiento de nuestra democracia.

1. 9. Reafirmamos nuestro respeto a la independencia del Poder Judicial, establecida entre otros, en el artículo 154 de nuestra Constitución Política, según el cual sólo está sometido a la Constitución y la ley.

10. Nos comprometemos a liderar de manera constructiva el diálogo entre los Poderes de la República, con el objetivo de promover las reformas institucionales necesarias que mejoren la calidad de nuestra democracia.”

Lo eufemístico de la proclama no me  enreda en mi afán de llamar las cosas por su nombre y seguir llamando  al cambio necesario que requiere el país en donde, tirios y troyanos, son contestes en que lo primordial es el cambio de rumbo, y esto no lo encuentro en la Declaración. De ahí que transcriba sus diez puntos  e insto  valorarlos en el contexto indicado.

Conclusión. Mientras no cambie la actitud de los actores  que detentan la mayor cuota de poder (especialmente del Ejecutivo y de la fracción oficialista), mientras impere la imposición del capricho, la negativa al diálogo, el incumplimiento de los acuerdos (importantísimo cuando se tienen interacciones repetidas porque mina la confianza de los participantes del juego político), mientras continúe la estrategia del avestruz (escondiendo la cabeza para evitar ver los problemas), las propuestas de reforma a la Sala Constitucional, al Reglamento Legislativo, etc. no tendrán ningún sentido y, más bien, se convierten en amenaza a los derechos individuales, a la representatividad y a la democracia en sí misma, por cuanto se privilegia el criterio de los grupos políticos con más poder, sus intereses y visiones que son impuestas como “proyecto país” a todos los demás, sin importar diferencias ideológicas, ideas, valores, intereses, todo lo cual mina la propia legitimidad del sistema y faculta la aparición de “líderes mesiánicos” que, como explicó Hayek, construyen el camino de servidumbre

Ante un acto coyuntural propio de la potestad de los diputados, vienen desde gobierno, a disimular sus inmensos vacios que encuesta tras encuesta, sigue reclamando la ciudadanía, misma  que califica a la presente administración como nefasta, para lograr -con el compadrazgo de los otros dos poderes de la República-, promover y redactar esta manifestación de supuesta unidad y consenso nacional.

Desiderátum, aspiración que sabemos, por no representar a lo interno de los Poderes Judicial y Legislativo a todos sus integrantes,  carecen de  asidero para su implementación, al menos como se ha promocionado.  No me queda más que creer que la respuesta que  reclama el pueblo ante tanto desacierto del gobierno, se engulló con el tamal servido.