Lo que reveló el informe es realmente negativo:
- El MEP no cuenta con una política de infraestructura educativa emitida por el Consejo Superior de Educación que permita orientar la gestión de proyectos en la atención de las necesidades prioritarias según los cambios demográficos del país.
- EL MEP carece de un portafolio de proyectos de infraestructura que permita razonar y justificar la inversión, así como controlar el avance de cada uno de los proyectos. Se determinó una administración centralizada que presenta deficiencias en las etapas de identificación, categorización y evaluación previa de los proyectos.
- Inconsistencias en aplicación de controles de aprobación presupuestaria, de liquidaciones y la ejecución de transferencias por parte del MEP hacia las juntas de educación y administrativas, en detrimento del seguimiento y evaluación -tanto física como financiera- de los proyectos de infraestructura y de la administración de los recursos destinados para este fin.
- Para los años 2010 y 2011 se determinaron diferencias en los registros contables de las transferencias a las Juntas de Educación, que llevan la Dirección de Infraestructura Educativa y Equipamiento (DIEE), la Dirección Financiera del MEP y la Caja Única del Estado.
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