El marco jurídico contempla reglas esenciales para el accionar de los temas investigativos, en apego estricto a los conceptos de la salud pública y a la integridad física de los partipantes.
Tiene como objeto regular la investigación en seres humanos en materia de salud tanto en el sector público como en el privado.
Sabemos que es necesario que la ciencia avance, y solo investigando nuevos esquemas terapéuticos, es como encontraremos soluciones a enfermedades cada vez más complejas y en algunos casos letales.
El fin primario siempre debe ser el logro de mejores condiciones de vida para el individuo, y la consecusión de una mayor esperanza de vida al nacer, todo dentro del mayor respeto a la dignidad de aquellos que voluntariamente se comprometen con la experimentación clínica. Sin ella, no puede haber avance tecnológico, ni aparición de nuevos fármacos para el combate de los diversos tipos de enfermedades.
Este proyecto ha sufrido un largo trámite legislativo, numerosas consultas y comparecencias personales de diversos actores expertos en estos temas fueron realizadas. El criterio de expertos, y de connotados asesores de todas las fracciones políticas siempre fue escuchado.
Como diputada miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, estoy convencida de las bondades de esta ley. Como todo producto del intelecto humano, puede tener carencias y falencias susceptibles de ser corregidas a futuro, pero considero que es un instrumento idóneo, bien intencionado, que servirá como punto de partida para que de nuevo las investigaciones clínicas se realicen en nuestro país, y que decenas de compatriotas nos beneficiemos del alcance de esta ley.
El oscurantismo científico que hemos vivido durante estos años, y la fuga de cerebros que ha debido migrar por la ausencia de una normativa tan importante, tienen sus días contados. Un país con altos índices educativos y prestigiosos indicadores en materia de salud pública, no podía continuar por la senda de la inacción y de la postración científica que estas prohibiciones absurdas nos han traído.
La Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos. Las Universidades Privadas, la Asociación Costarricense de Investigadores, y varios científicos con experiencia internacional en el tema, vertieron sus opiniones y reiteraron que el proyecto se ajusta a la legislación y a los estándares mundiales, y tutela adecuadamente los derechos fundamentales y la protección de las personas que participan en las investigaciones biomédicas.
En resumen, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a la dignidad humana, se han conjugado de forma exitosa en esta iniciativa de ley. Por estas razones, y por la urgente necesidad de contar con un marco legal al respecto en nuestro país, mi voto será afirmativo para esta futura ley de la república.
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