A la Oficina anticorrupción del Estado costarricense, no se le atendió sus recomendaciones

Mi Curul - MARIELOS ALFARO, 25 de Octubre del 2012

La Ley No.8242, del 09 de abril de 2002, incorporó nuevas atribuciones relacionadas con el combate  contra la corrupción. Mediante  la adición del inciso “h” al artículo tercero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), se creó la Procuraduría de la Ética Pública, que se ofreció,  tal como reza en el expediente legislativo que le dio vida, como “un órgano que, aunque parte de nuestra Administración Pública, sea capaz de resguardar los valores éticos y de probidad dentro de la actividad administrativa”.

Cuando se posesionó a nivel nacional a la Procuraduría de la Ética Pública como una oficina anticorrupción del Estado costarricense, trasunto de la voluntad del legislador que  lo estimó  oportuno y conveniente, se le proyectó como una forma más  para luchar contra la corrupción en la función pública,  así como para promover y propiciar la corrección y la ética en su ejercicio.

 Cuando se concibió un órgano de tal naturaleza, se le reconocieron competencias sobre instituciones autónomas y municipalidades y se  delimitaron las mismas  con respecto a la  Contraloría General de la República (CGR). Incluso, la Sala Constitucional  mencionó  lo siguiente sobre el órgano en cuestión: “…Debe tomarse en consideración que el combate frontal y directo de la corrupción y la búsqueda de un mayor grado de transparencia y publicidad en la gestión administrativa, requiere de una acción transversal, concertada y coordinada de todos los entes y órganos públicos que componen el universo administrativo de un ordenamiento jurídico determinado, por lo que debe propiciarse la constitución de un sistema y de una organización que procure esos fines…”.

Considerando lo anterior, es más que lamentable que el gobierno firme y honesto, sin el menor rubor y por primera vez desde la fundación de la Procuraduría de la Ética Pública, desacate las recomendaciones brindadas por esta en uno de sus informes emitido días atrás.

En efecto,  el informe de la Procuraduría de la Ética señaló  violaciones a la ética pública cometidas por un ministro y un vicepresidente, ante lo cual el gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones brindadas. De acuerdo con informaciones brindadas por el Procurador de la Ética, esta es la primera ocasión que se desestima un pronunciamiento de la institución y nunca antes se habían desacatado, puntualizando textualmente lo siguiente: “El trabajo de nosotros es muy técnico. Nosotros hacemos el informe y llegamos hasta nuestras competencias. Desde que existe la Procuraduría, que yo recuerde, siempre se han acatado las recomendaciones, solo en el caso de las municipalidades a veces acatan con lentitud, pero sí las acogen. Esto nunca había pasado”.

No voy a ahondar en las personas mencionadas en el estudio, ni en sus actuaciones, ni en el mismo, toda vez que compartimos en todos sus extremos el informe, sino en el desafortunado proceder de un Gobierno que ni a aquella oficina anticorrupción del Estado costarricense le merece atención. Ya viene callando ante un pueblo que con reiteración reclama: gobernar, actuar, escuchar, dialogar, solucionar, rectitud, probidad, no encubrir; pero ahora, precisamente ahora, calla ante la violación de principios éticos.

Este es un asunto serio que incluso puede catalogarse como  un grave golpe a la democracia costarricense. Eufemismo aparte, esto es una  deslegitimación  a  una investigación  que lo que  propicia es bajarle el piso a la Procuraduría de la Ética Pública. Las preguntas surgen espontáneamente:

• ¿De qué sirve entonces la Procuraduría de la Ética Pública para el actual Gobierno?
• ¿Tan poco le importa al Gobierno que se violen principios éticos de integridad, imparcialidad, rectitud y objetividad como lo demostró el informe de marras?
• ¿No le importa al Gobierno que se infrinja el marco legal vigente?
• ¿Qué lección y ejemplo se está dando?
• ¿A quiénes se protege y por qué razón?
• ¿Qué les deben? ¿Qué saben? ¿Es esta la red de cuido, son estos los impolutos del presente? ¿Responde esta situación al pago a facturas de campaña?
• ¿Señora presidente, en qué momento se borró de su plan de gobierno: “La promoción de la democracia: una más amplia e informada participación de la ciudadanía, de manera que además apoye en la lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, y el acceso de las y los ciudadanos a la información pública.”

Para finalizar, me planteo una última pregunta ¿cómo promover la adopción de mecanismos que estimulen la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción?

Tiene la palabra el presente (des)gobierno.