Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2013, otro capítulo de la misma historia.

Me ocupo en esta ocasión, en medio del proceso de su discusión y aprobación, del proyecto de ley de presupuesto para el año 2013, para destacar algunos aspectos  ya reiterados e identificados en propuestas presupuestarias anteriores, que merecen  nuevamente atención y sobre todo mayores análisis ulteriores, dado que todo continúa  igual y no se ha tomado  nota  ni mucho menos  reparado  en ellos. Sigo el informe técnico  que por mandato (artículo 40 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos) ha  elaborado  la Contraloría General de la República  y el análisis  que mi  despacho ha llevado a cabo al respecto. 
Conozcamos:

• El presupuesto para el 2013 asciende a ¢6.4 billones, financiado en un 57% con impuestos y otros ingresos corrientes, y en un 43% con deuda. Con respecto al presupuesto actual del 2012, se daría un crecimiento de un 2,6% en términos reales (3,9% si se excluye el servicio de la deuda) frente a un crecimiento estimado de la economía del 4,2%.
• No más de inicio al  igual que en años anteriores, se incumple el principio del equilibrio al financiarse gastos corrientes con colocación de bonos por un total de ¢964.272 millones (21% de los gastos corrientes, porcentaje similar al observado en años anteriores).

• Además, llama la atención que por primera vez la subpartida de incentivos salariales es mayor que la de los salarios base, lo cual evidencia la necesidad de implementar políticas de ordenamiento en materia de empleo público.
• Por otra parte, el proyecto prevé crear 3.189 plazas, lo que rompe nuevamente la tendencia de creación de puestos (513 en 2011 y 1.573 en 2012).
• Los destinos específicos dejados de atender suman un total de ¢276.755 millones (1,1% del PIB), pero en algunos casos, como en el del Poder Judicial, se otorgan sumas mayores al mínimo previsto por la normativa.
• El resultado fiscal del proyecto se resume en un déficit financiero del 5,3% del PIB para 2013. Tal resultado implicaría un crecimiento de la deuda de aproximadamente 3 puntos del PIB por año.
• A pesar de la relativa estabilidad que a partir del 2010 se observa en los indicadores de la situación fiscal (ingresos, gastos, déficit) así como en variables macroeconómicas como tipo de cambio, tasa de interés, inflación y crecimiento, la deuda como porcentaje del PIB sigue en aumento paulatino, y existen riesgos en el entorno internacional que eventualmente podrían amenazar la estabilidad general.
• El Ministerio de Hacienda estableció un monto de ¢2.464.168 como recursos del Proyecto vinculados al PND, pero no brinda un detalle que vincule los recursos con cada meta de las acciones estratégicas.
• El Proyecto incluye asignaciones de recursos para el financiamiento de algunas metas relevantes del PND (p. ej.: Programa Avancemos, Pensiones del Régimen no Contributivo, Infraestructura y equipamiento del sector educativo, Comedores escolares); sin embargo, hay metas con asignaciones limitadas o sin asignación (p. ej.: Infraestructura Carcelaria, Fortalecimiento del recurso humano para la ampliación de la cobertura de los CEN-CINAI), lo cual podría afectar su cumplimiento.
• Regímenes de Pensiones: presupuesto de ¢688.100 millones. Los ingresos provenientes de las cotizaciones (¢77.500 millones) cubrirían solamente el 11% del total de gastos.
• MEP: presupuesto de ¢1.739.517 millones (7% del PIB) crece 5% en términos reales. 1.504 puestos más respecto a 2012. Menos recursos a juntas de educación y administrativas. Se incrementan los recursos asignados al FEES en un 15%.
• MOPT: presupuesto de ¢268.250 millones (6% menos que el año anterior en términos reales). Asignación de recursos al CONAVI decrece 3% real. Proyecto incluye la Unidad Ejecutora y Coordinadora del primer programa de la red vial cantonal “PRVC-1-MOPT/BID”, para ejecutar los fondos del contrato de préstamo N° 2007/OC-CR, suscrito con el BID. No se ha dado ninguna reducción de personal importante que sugiera un cambio en la dirección de convertir al MOPT en una entidad rectora.
• Ministerio de Seguridad Pública: presupuesto de ¢201.765 millones. 500 plazas policiales nuevas (el Ministerio solicitó 850). Baja ejecución de la partida remuneraciones al primer semestre 2012.
• Poder Judicial: presupuesto de ¢314.425 millones (8,6% de los ingresos ordinarios totales, superior al mínimo de 6% exigido por la Constitución). El PJ indica que busca la racionalidad en el gasto en función de la limitación presupuestaria y la prestación eficiente de los servicios.
• MIVAH: presupuesto de ¢11.264 millones. Transferencias de capital disminuyen 65% en términos reales, siendo las obras de infraestructura en asentamientos en precario las más afectadas. Incluye transferencia corriente al INVU (¢3.800 millones) para proceso de reestructuración de esta entidad.

A partir de estas puntualidades y otras más que abundan en el contenido de la propuesta, también se colige  y lo resumimos sin satisfacción, que:

- El presupuesto que se  estudia, no  presenta  ningún cambio significativo y  no se reduce el déficit  ni se  mejorara la composición del gasto.

- El proyecto de presupuesto para el 2013 privilegia el gasto en salarios y burocracia, pero sacrifica la inversión comparada con la del 2012.

- La composición del gasto tampoco mejora y falta una adecuada medición en la efectividad de los programas impulsados por el Gobierno, y no hay suficiente eficiencia en el uso de los recursos y los costos unitarios de los servicios.

- También faltan adecuados indicadores y una apropiada vinculación entre la planificación y el presupuesto, y es pobre la aplicación del régimen de sanciones para sentar las responsabilidades por el incumplimiento de funciones y mal uso de recursos públicos.

- Salarios, amortización y transferencias corrientes concentran el 85% del gasto y dejan muy poco para atender otras necesidades de la sociedad.

- Y para finalizar  y como educadora no lo puedo obviar, aun los gastos en educación, que absorben el 26% del presupuesto nacional, están desbalanceados, pues la gran mayoría de ellos se destina a salarios y muy poco a financiar la inversión en infraestructura requerida por los estudiantes, por ejemplo.

Final. El  financiamiento del presupuesto, insisto , contempla recursos sanos solamente por un 53% del total, y contraviene una vez más, el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, que prohíbe financiar gastos corrientes con endeudamiento extraordinario y en general el proyecto de presupuesto para el 2013, no ofrece mayores posibilidades de mejoría. Será  la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, sin desconocer lo limitada que está para semejante afán, a la que le corresponderá emprender la difícil tarea de mejorar lo que no hizo  el Poder Ejecutivo  a pesar  de que su jerarca de hacienda  dijera que “el país puede tener la certeza de que este proyecto de Ley se elaboró de manera muy responsable”. ¿Entonces?

Todo sigue igual, y estamos ante  otro capítulo de la misma historia.
Vuelvo, por tanto, a reiterar  las propuestas  de legislación sobre esta materia, que diera a conocer en Mi Curul del jueves 2 de agosto del 2012.