La Diputada Mireya Zamora Alvarado presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Nº 18627, denominado “Ley especial para rescatar los legítimos derechos que tienen los habitantes de zonas fronterizas a poseer el título de propiedad sobre sus terrenos”.
“El objetivo primordial de este proyecto es crear una legislación que, a través del uso del sentido común, haga justicia y dé seguridad jurídica a los cientos de costarricenses que por décadas han trabajado y habitado en forma pacífica los terrenos que se ubican a lo largo de nuestras fronteras”, aseguró Zamora Alvarado.
“Con su aprobación estaríamos devolviendo los legítimos derechos a estas personas, derechos que están plasmados en el artículo 45 de nuestra Constitución Política, el cual textualmente dice: “La propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya sino es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”, agregó.
El proyecto consta de 7 artículos, los cuales establecen que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) traspasará los terrenos ubicados a lo largo de la llamada Milla Fronteriza a título gratuito, libre de gravámenes, anotaciones y sin más limitaciones que las señaladas en el artículo 6 de esta Ley, a quienes demuestren ser sus legítimos poseedores, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley de Informaciones Posesorias.
De igual forma, señala que la Administración Pública (incluidas municipalidades) queda facultada para reservar el derecho de uso en un plazo máximo de 10 años, a fin de establecer las servidumbres necesarias para la construcción de redes viales nacionales o locales, el tendido eléctrico, los acueductos y/o alcantarillados, o bien la edificación de aeropuertos y puertos, etc.
El expediente contiene un Transitorio único, según el cual, a partir de la publicación de esta ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de hasta 365 días para levantar y publicar un inventario que determine con exactitud los terrenos que no resultarían susceptibles de titulación, en el tanto que incluyan áreas afectadas por un régimen de protección especial ambiental, o bien que estén ubicados en una zona de 50 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá, exclusivamente en aquellas áreas en que dicha frontera esté conformada por ríos.
“Obtener algo tan fundamental como un título de propiedad les permitirá a las familias acceder a créditos bancarios, recibir beneficios de programas sociales del Gobierno, optar por recibir pagos de servicios ambientales, así como declarar sus propiedades y cumplir con las contribuciones fiscales al Gobierno Central y las municipalidades en el pago de bienes inmuebles, entre otros”, concluyó.
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