Mi Curul (Núm. 64), 29 de Noviembre del 2012
Diputada Marielos Alfaro Murillo : Con un importante despliegue, un medio de comunicación informa que la presidencia alista dinero para defenderse en redes sociales, se reservará ¢220 millones para encuestas propias y diseño de estrategia y buscará abogado para derechos de respuesta y también firma de monitoreo. En otras entregas de Mi Curul ya lo habíamos denunciado pero me veo obligada a replantearlo ante las observaciones que hace palacio cual explicación “seria” que pretende hacernos creer lo justificado de este festín.
Lo primero que concluyo, lamentablemente, es que seguiremos esperando noticias de cuándo se comenzará a gobernar y que todo continuará igual solo que ahora con la difusión doméstica con la que Zapote promocionara no sabemos qué, pero que sospechamos que será con fines electorales.
Mi segunda conclusión, es que la preocupación ¡pobre pueblo! va por otro lado:”Mejorar la imagen de la presidenta Laura Chinchilla y de su gestión es el objetivo del incremento en el monto planeado para gastar durante su último año de Gobierno en estrategias de comunicación, en relación con lo previsto para este año. El plan es terminar el cuatrienio bien posicionado” comunica su ministro de información. También avisa que todo se enfocara en medir las opiniones populares, procesar la información y plantear estrategias que ayuden a mejorar la opinión popular. Para lograrlo todo ello será parte de las tareas de una empresa que van a contratar con esos ¢220 millones. Ese monto es parte de los ¢1.100 millones que la Presidencia pretende gastar en el 2013, con algunas partidas que no existen hasta ahora y con el incremento del 66% en la suma de los rubros vigentes de “información” y “publicidad y propaganda”. De los ¢1.100 millones, la mitad son donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Asustémonos.
En la mira, cita el despliegue, está toda la población, pero el énfasis va sobre el millón de costarricenses que participan en las redes sociales, con especial presencia en el Facebook (90%), según las encuestas recientes. Ellos son los ciudadanos de un país virtual donde el ambiente no favorece a la mandataria Laura_Ch (su nombre en Twitter).
“Lo de redes sociales nos está matando (sic). No estamos respondiendo ni influenciando, ni siquiera monitoreando bien. Tenemos dos muchachos que no son ni profesionales. Necesito hacer algo más inteligente. Vamos a contratar una empresa con un plan de trabajo. No es solo saber usar el titear; es saber qué poner ahí, cuándo y cómo”, revela el ministro de Comunicación,
“Las encuestas muestran que la percepción popular del trabajo del gobierno de Chinchilla sigue hundido en números críticos, pero no hay datos específicos sobre la población de la Costa Rica virtual. No queda más –continua- que atenerse a la intuición y esta indica que el Gobierno va perdiendo por goleada, que casi nada de lo que haga o decida Chinchilla obtendrá los aplausos de la mayoría de usuarios”.
En la categoría de “servicios de gestión y apoyo” del presupuesto para el próximo año, existe una una partida de ¢42 millones destinada a pagar los servicios de otra empresa que capte y sistematice todo lo que informan los medios sobre gobierno. Otro monto en el rubro de “servicios de gestión y apoyo” son ¢20 millones para pagar a un abogado que domine el tema de comunicación política, para que se encargue de presentar derechos de respuesta ante publicaciones de medios.
El ministro de la presidencia insiste en que los fondos son necesarios. “Se aumentan los gastos de publicidad porque este Gobierno ha trabajado con gastos mínimos (…). “Hay que concientizar a la gente con la red de cuido, con seguridad y otros programas que requieren que la gente se involucre. La gente reconoce más Avancemos (becas para alumnos) que la Red de cuido. Poquititísima. Además, en este año vienen temas que necesitamos vender a la gente, como la ley de empleo público”.
Ahora bien el gobierno tiene el derecho de presupuestar a su antojo fondos para publicitarse y más, empero no dejando de lado actividades prioritarias. Eso sí, me pregunto, ¿por qué hacerlo antes de la próxima campaña electoral?, ¿continuismo?, ¿favorecimiento al partido en el gobierno?, ¿apoyo electoral? A lo anterior se le suma tal y como lo hemos denunciado en diferentes foros, otros recursos sospechosos de atención del clientelismo político.
Identifiquémoslo en la propuesta: El presupuesto para el 2013, que sigo insistiendo es ilegal al financiarse en un 43% con deuda, la presidencia aumenta en más de quinientos millones de colones a su presupuesto para imagen en año electoral Los gastos para propaganda y publicidad aumentaron en un 38% en relación al año anterior (de ¢512 millones a ¢792 millones), 69% más en información y un incremento de 23% en las transferencias autorizadas a universidades, organizaciones y municipalidades. Se incluye la contratación de un fotógrafo para que acompañe a la Presidenta en sus giras internacionales.
Por otra parte, ¿clientelismo?, destina más de ¢ 3 mil millones para Municipalidades sin definir, mientras erradicación de precarios, para mencionar solo un área deja de ser prioridad para el Gobierno.El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, por su parte, presupuestó ¢11.264 millones. Las transferencias de capital disminuyen 65% en términos reales, siendo las obras de infraestructura en asentamientos en precario las más afectadas,con una disminución de ¢8 mil millones.
En la sesión del 11 de setiembre del 2012, en el acta Nº30, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Ex ministra de Vivienda, Irene Campos, aceptó que ese tema no es prioridad para este gobierno. Doña Laura en su Plan de Gobierno estableció la atención de precarios por medio del programa de Bono Comunal y no está cumpliendo con las familias que esperaban que honrara su compromiso.
Además se destinan ¢3.000 millones para obras específicas según Ley N° 7755, asignadas en el título presupuestario de Partidas Específicas.
Al igual que en años anteriores, en el actual proyecto se sigue incumpliendo con la especificidad de las partidas, definida en la Ley Nº 7755, artículo 8, inciso b), donde se refiere a que estas deberán expresarse con el mayor detalle posible, es decir, no podrán ser genéricas sino referirse a un proyecto, programa o proyecto de inversión concretos.
Adicionalmente se asignan ¢3.600 millones como transferencias a favor de los gobiernos locales, incluidos en el título del Ministerio de Gobernación y Policía. Sin embargo, no se define el monto que se destinará a cada uno de los municipios.
¿Piñata política?
Al respecto, la Sala Constitucional resolvió la Consulta Legislativa sobre esta partida ,consulta que firmé, y sus integrantes, por unanimidad, declararon que es inconstitucionalla partida presupuestaria número 70104 280 2310 3210 650 por la suma de tres mil seiscientos millones de colones para que se destine a “Municipalidades del país (a distribuir por Decreto Ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda para Municipalidades del país, para el fortalecimiento del Régimen Municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del Gobierno local y las condiciones de vida de sus habitantes. Los recursos serán destinados a obras y servicios públicos municipales con el fin de promover, administrar y atender los intereses de la colectividad y así lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y la ejecución de obras en el respectivo cantón. Los recursos serán girados por el Ministerio de Hacienda conforme a la programación financiera y con base en la programación que presente el destinatario y la disponibilidad de recursos del Estado. Código Municipal, Ley 7794 de 30-04-98 y sus Reformas)”.
El Tribunal consideró que lo consultado viola el principio de especialidad presupuestaria. Este principio es el que vincula al legislador a señalar, en forma concreta, cuál es el destino de una partida presupuestaria. No puede ser general ni global, como sucede en este caso.
¿Aprenderán?
No solo la considerábamos ilegal como en efecto se ha ratificado, sino que hemos denunciado que por un principio de transparencia ante la ciudadanía, la distribución de estos recursos NO debe hacerse por medio de un Decreto Ejecutivo que se preste para manipular el dinero y asignarlo en función de la militancia partidaria de los dirigentes de las organizaciones o del origen partidario de los alcaldes y alcaldesas. Eso pasa y no es un secreto.
Final. La corrupción causante de tantas bajas en el gabinete, la trocha, procesos, BID-Catastro, los desatinos de sus ministros de la presidencia e información, la falta de políticas claras y definidas en ambiente, educación, salud, seguridad por mencionar solo unas áreas; la ausencia de dialogo, la falta de comunicación con la Asamblea Legislativa, la falta de firmeza, los problemas internos en la fracción de gobierno etc. etc., no son, pareciera, motivo de preocupación ni mucho menos objeto de análisis serios y sobre todo soluciones acordes a la situación que vive el país. Pero no, y siguen obviando lo fundamental, la mejor defensa, señores del gobierno, es gobernar con tino, honestidad y consistencia.
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