"La experiencia nos dice que, siempre
que hay proyectos de ley sorpresivos, de trámite apresurado a golpe de tambor,
producto de situaciones casuísticas y coyunturales, es cuando mayor cuidado
debemos tener en la tramitación de los mismos.
Cuando se dio la situación del crédito
Finlandés con la Caja, y el caso del ICE-Alcatel, que a fin de cuentas no fue
lo que se nos dijo por parte de la Fiscalía, nació la famosa Ley contra el
Enriquecimiento Ilícito, toda una escabrosa sucesión de trabas y penalizaciones
absurdas, que junto a la Ley de Control Interno, han complicado la
Administración Publica, y han ahuyentado a muchos ciudadanos para
colaborar en el sector gubernamental.
Los funcionarios públicos han quedado en
la línea fronteriza entre las instituciones del estado y la Fiscalía, y en el
peor de los casos, en la “Reforma” de Alajuela, o en San Sebastián. Se hace
difícil hoy en día, conseguir gente idónea con vocación de servicio para las
diversas posiciones de gobierno.
Y ni hablar del adefesio de Código
Electoral aprobado en el 2009, en donde se le dio la potestad de fiscalizar los
fondos de la deuda política a un Departamento del Tribunal Supremo de
Elecciones. Un Tribunal Electoral que primero autorizó los pagos, y luego
denunció a los políticos ante el Ministerio Público. Hoy, las potestades
constitucionales de fiscalización de los fondos públicos que por ley
corresponden a la Contraloría, fueron cedidas al Tribunal Supremo de
Elecciones; es decir, hay un nuevo Contralor General de la República en el
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Razón lleva Federico
Malavassi en su tesis de plantear esa inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta.
O le trasladamos todo al Tribunal, o lo sacamos de las atribuciones
financieras.
El pasado lunes se nos presentó un
proyecto de ley, para que el Banco Central pueda cargar de impuestos a
discreción, los ingresos de dólares al país, provenientes de inversionistas no
domiciliados aquí, y que alguien ha decidido tildar de capitales
especulativos, porque se aprovechan de las leyes propias del mercado
mundial de capitales, ansiosos de ganar altos intereses, que al cabo, es su
negocio.
Si no queremos que vengan esos dineros,
entonces bajemos las tasas de interés para que se vayan a buscar mejores
rendimientos en otros países. Tan fácil como eso !!!
Hay gran preocupación en el gobierno
porque el dólar puede bajar de 500 colones. Nosotros los consumidores hemos
salido beneficiados con un dólar barato, porque los alimentos, las medicinas,
las materias primas y los bienes para la producción son más accesibles; sin
embargo, en el Poder Ejecutivo, veo un solapado interés en subir el precio del
dólar y propiciar su escasez para encarecerlo.
Recuerdo todavía cuando hace unos 20 años,
al salir del país, teníamos que ir a los bancos estatales, únicos en ese
momento, con el pasaporte y tiquete de avión en mano, a mendigar 800 dólares
cada 6 meses, o a buscar los dólares en el mercado negro de los “coyotes”, en
los bajos de radio Monumental.
Sinceramente no quisiera volver a esos
tiempos.
Este proyecto, que pretende otorgar
poderes impositivos y tributarios al Gobierno, porque no nos engañemos, el
Banco Central no es autónomo, es del Gobierno, desde el mismo momento que
su Presidente lo nombra el Poder Ejecutivo; sinceramente no me gusta para
nada.
Con estas carreras del Ministerio de
Hacienda, para frenar la abundancia temporal de dólares vía intromisión y
manipulación estatal, sospecho que alguien se beneficiará, probablemente
algunos pocos. Pero está claro que sí habremos perdedores, y seremos todos los
consumidores costarricenses, cuando se nos empiece a disparar el precio del
dólar.
Pensemos bien y maduremos mejor estos
“proyectos golondrinos”.
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