Sobre la DIS y otras prioridades

Publicado por Damaris Quintana 

Un estudio realizado por el Semanario Universidad, publicado en la edición del 6 de febrero de 2013, revela que una tercera parte del presupuesto del Ministerio de la Presidencia, lo absorbe la Dirección de Inteligencia y Seguridad, conocida como la DIS.
Para el presente año, esta Dirección tiene programado gastar 3 mil ochenta y cuatro millones de colones, que representa el 32% del total de 9 mil trescientos millones asignados a ese Ministerio.
Esta es una unidad policial de la Presidencia, que por sus labores de investigación a los opositores, se le conoce como la Policía Política del Poder Ejecutivo de turno.
Se han hecho dos intentos para su disolución en el legislativo con sendos proyectos de ley sin éxito, pretendiendo el traslado del equipo y del personal al Ministerio de Seguridad Pública.
También en el programa de gobierno del Movimiento Libertario, planteamos la desaparición de dicha policía de la Presidencia, y el traslado presupuestario al Ministerio de Seguridad, donde serían mejor aprovechadas las 170 plazas y los recursos asignados. El principio del respeto a la privacidad y a la libre determinación del individuo, son aspectos claves en nuestra corriente ideológica, nunca podremos comulgar con intervenciones telefónicas ni seguimientos sigilosos, ni vigilancia de movimientos adversos aunque ellos sean contrarios a nuestra visión política.
La Unidad Especial de Intervención, otro departamento policial también adscrito al Ministerio de la Presidencia, consume mil doscientos millones al año, un 13% del presupuesto total; lo cual, en conjunto con la DIS, suma un 46% del total de dicho presupuesto.
Como vemos, casi la mitad de los recursos del Ministerio de la Presidencia, se consumen en dos organizaciones de índole policial. Considero que un Ministerio, cuyo fin es la coordinación y enlace del Ejecutivo con el Legislativo, y la relación entre los otros miembros del gabinete, debe manejar un perfil estrictamente civilista para el diálogo, y no una orientación represiva de corte miliciano ni de espionaje velado sobre la sociedad.
La lucha contra el narco, tanto en su etapa indagatoria, investigativa, como de presunción delictiva, debe estar adscrita también al Ministerio de Seguridad Pública, quien por ley, junto con el Organismo de Investigación Judicial – OIJ-, son los órganos designados para tales funciones.
No deben utilizarse diversos fondos presupuestarios afines, en varios entes policiales diferentes, para un noble fin común, cual es, el de mejorar la seguridad ciudadana.
Se nos dice a los señores y señoras diputadas, que el déficit fiscal no ha sido posible reducirlo, que con los ingresos actuales de la hacienda pública ese déficit continuará presente, y que solo con nuevos impuestos es posible disminuirlo.
Sabemos que solo la contención del gasto, la eliminación de plazas, la reducción del aparato estatal, y el congelamiento de programas banales e improductivos en el ejecutivo, son las 4 patas del banco sobre las cuales se podría sustentar la salida a un déficit fiscal crónico.
A los ciudadanos no les podemos pedir más austeridad. Por un lado, se habla de una inflación anual inferior al 5%, y por el otro, nos damos cuenta que el costo de los servicios básicos como la electricidad, el suministro de agua potable y el precio del transporte público, se han duplicado en los últimos 3 años.
Es difícil concientizar el país para que absorba un eventual paquetazo de impuestos, si no hay muestras claras de ordenar los presupuestos, y la mejor forma de enviar señales en esa dirección, sería el cierre definitivo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y el traslado del personal realmente efectivo al Ministerio de Seguridad Pública.