Información del patrimonio natural del Estado debe actualizarse

4 MARZO 2013 

Mi Curul (Núm. 72), 28  de Febrero del 2013

Así lo concluye el informe de la Contraloría General de la República No. DFOE-SAF-IF-01-2013, relativo a la auditoría realizada a la cuenta de terrenos correspondientes del MINAET.

En efecto, el área de Administración Financiera de la CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), con el fin de evaluar la razonabilidad de los saldos presentados en las cuentas de Terrenos y Superávit por Revaluación de Activos, incluidas en los estados financieros del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2011. Analizar estas cuentas permite promover acciones orientadas a la identificación, inscripción y registro de los terrenos que pertenecen al patrimonio natural del Estado (PNE).

Principales hallazgos del estudio:

• Existe una cantidad considerable de propiedades que califican como terrenos patrimonio natural del Estado que aún no han sido traspasadas e inscritas a nombre del Estado, situación que impide tener un inventario actualizado y completo de los terrenos del PNE bajo la administración del MINAET; aspecto que crea  gran incertidumbre sobre el efecto que su reconocimiento y registro pueda ocasionar en la información financiera de dicho ministerio.

• En lo que respecta a la razonabilidad de las sumas registradas contablemente, se identificaron inconsistencias en la información que da sustento al registro contable de la revaluación de los terrenos, lo que ocasiona una sobrevaluación del valor registrado.

• Al 31 de diciembre de 2011, no se conoce la cantidad, extensión y valor de una serie de propiedades que deben ser incluidas dentro del patrimonio natural del Estado, bajo la tutela y administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que por diversas situaciones comentadas  en  el informe, aún no han podido ser inscritas o traspasadas a nombre del Estado, situación que afecta el inventario de los terrenos de dicho ministerio, por lo cual no se cuenta con un inventario completo y actualizado. Cabe mencionar que algunos de ellos, por su naturaleza y la ocupación que presentan, se encuentran en un proceso de valoración sobre su situación y con respecto a otros, el proceso de delimitación e inscripción se encuentra en curso.

Otras de las conclusiones del informe, ocasionadas por la falta de un inventario completo y actualizado, son las siguientes:

• La información de los terrenos revelada en el Balance de Situación del Poder Ejecutivo no es razonable, integra y fiable.

• No se pueda emitir una opinión sobre la razonabilidad de la cifra presentada.

• No puede cuantificarse el efecto que tendría el registro de dichos inmuebles sobre la información financiera.

• Existen errores de cálculo de la revaluación y en el valor a registrar, que afectan la razonabilidad de la suma por revaluación registrada y presentada en la información financiera, además de otras debilidades que deben ser atendidas para mejorar los datos registrados de los terrenos.

En el Informe se emiten disposiciones al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para que se lleven a cabo una serie de acciones que permitan corregir  aspectos, que esperamos no se queden en el papel, entre ellas:

• Revisar en un plazo máximo de dos meses, el criterio externado en el oficio DM-2188-2003 del 29 de octubre del 2003, en el cual se solicitó la exclusión de la donación de algunos terrenos registrados a nombre de la Fundación de Parques Nacionales al Estado bajo la administración de ese ministerio, con el fin de que se determine si procede el traspaso de esos terrenos al Estado y se adopten cualesquiera otras acciones que en derecho correspondan en relación con este asunto. Su cumplimiento se acreditará mediante la remisión a esta Contraloría General del resultado de dicho análisis, así como del detalle de las acciones, actividades, plazos y responsables de su ejecución. Ver inciso d) del párrafo 2.7 de este informe.

• Realizar, en los casos que corresponda, el traspaso de los terrenos a nombre de la Fundación de Parques Nacionales a favor del Estado, bajo la administración de dicho ministerio. Para estos efectos, ese Ministerio deberá presentar un cronograma de actividades en un plazo máximo de tres meses, el cual deberá contener, al menos, las actividades, plazos y responsables de su ejecución. Ver párrafos 2.6, 2.7, 2.9 y 2.10 de este informe.

• Establecer la situación de los terrenos no incluidos dentro de la información suministrada por dicho ministerio, y disponer el traspaso a favor del Estado, bajo la administración del MINAET, en los casos en que corresponda. El señor Ministro deberá comunicar a esta Contraloría General y a las Direcciones Generales de Administración de Bienes y de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, en un plazo máximo de seis meses, el resultado de ese estudio, así como el listado de las propiedades que deberán ser traspasadas y el cronograma para llevar a cabo dicho traspaso, el cual deberá incluir al menos, las actividades, plazos y responsables de su ejecución. Ver párrafo 2.8 de este informe.

• Revisar los datos y cálculos incluidos en la información que se utilizó para realizar el ajuste contable de la revaluación de los terrenos de parques nacionales, registrada en el año 2008, a efecto de corregir las deficiencias señaladas en el presente documento; en coordinación con la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y la Contabilidad Nacional, para los ajustes correspondientes. Para su cumplimiento, deberá remitir a esta Contraloría General, los documentos que evidencien el resultado de dichas acciones. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 28 de febrero de 2013. Ver párrafos 2.24 a 2.39.

• Ejecutar las acciones necesarias a fin de informar a las Direcciones Generales de Administración de Bienes y de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, sobre el estado de las acciones y resultados obtenidos para el reconocimiento, registro e inscripción de las propiedades, a efecto de que dicha información sea incluida en el informe anual sobre la administración de bienes y el resultado contable, que debe presentar el Ministerio de Hacienda, para el periodo 2013 y subsiguientes, según lo establece el artículo No. 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; informando a dichas direcciones del avance logrado al 30 de junio del 2013, esto último a más tardar el 30 de agosto del 2013.

Al leer este informe, queda claro que lo analizado sobre el PNE no es desde el punto de vista ambiental, sino más bien desde el punto de vista catastral y registral, ante lo cual es necesario traer nuevamente a la discusión el Programa de Regularización de Catastro y Registro (BID-Catastro). Inicialmente, este Programa se promovió para realizar el catastro de todo el territorio nacional, incluso las áreas de PNE. Sin embargo, durante la más de una década de su caminar, el Programa ha sufrido profundos cambios de forma y fondo, que devienen en que al día de hoy la CGR siga identificando problemas, en lo que el programa en cuestión dejó sin hacer, con respecto a lo que inicialmente se promovió y aprobó. Bajo este contexto, no queda más que preguntarse:

• ¿En qué se convirtió el empréstito que durante el 2001 se promovió, con  bombos y platillos, para creer el Programa de Regularización de Catastro y Registro (BID-Catastro), proyectado en la nada despreciable suma de $92 millones de dólares?

• ¿En dónde quedaron las palabras del entonces presidente del IFAM, Sr. Carlos Calvo Quesada, cuando en el 2001 señaló que “la iniciativa del Gobierno de promover un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener financiamiento para el catastro del país es una acción impostergable”?

• ¿En dónde quedaron las palabras del entonces Director del Registro Nacional, Sr. Fernando Apuy Sirias, cuando en el 2001, en su calidad de Coordinador del Comité Técnico del Proyecto de Regularización Catastro-Registro (en trámite ante la Asamblea Legislativa en ese momento) señaló que “Este proyecto es un abono importantísimo al problema de la “seguridad registral” y resulta conveniente para el futuro del desarrollo nacional ya que, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para modernizar el sistema catastral-registral, se carece de un Catastro técnicamente elaborado y legalmente establecido que cubra la totalidad del territorio nacional y refleje bien la realidad jurídica de la propiedad inmobiliaria?

• ¿En dónde quedaron las palabras de la entonces segunda vicepresidenta de la República, Sra. Elizabeth Odio, cuando en el 2001 explicó que “el programa de catastro es impulsado desde 1999 y beneficiará a los 81 municipios del país”?

• ¿En dónde quedaron las palabras de un articulista del periódico La Nación, cuando en el año 2001 señaló que “El Gobierno dio ya un primer paso al firmarse un convenio, hace 22 días, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo los mapas catastrales de todo el país”?

• ¿En dónde quedaron las palabras proféticas de ese mismo articulista, cuando  en ese mismo artículo señaló que “esta es una buena noticia, aunque tardía, pero que tampoco garantiza la solución del problema precisamente por la ineficiencia proverbial del Estado. Nuestra duda se origina en algunos hechos: en 1960, hace 40 años, se solicitó un empréstito internacional con el mismo propósito que, al parecer, no logró su cometido, como lo demuestran los hechos. En segundo lugar, no pocos préstamos con instituciones externas de crédito se han suscrito y el dinero no se pudo desembolsar por atrasos imputables al Gobierno de la República o a la Asamblea Legislativa, por desinterés o porque el Estado no aportó la parte correspondiente?