al
conocido Informe de los Expertos, la Presidenta Chinchilla propone
cuatro grupos de proyectos de ley, relacionados con reformas
constitucionales, reformas al reglamento legislativo, a la jurisdicción
constitucional y a varias leyes, como las leyes orgánicas de la
Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la
República, entre otras. En relación
Estas
propuestas, recogen en parte las observaciones del mencionado informe.
Sin embargo, me pregunto si son estas, las propuestas que el país
requiere para salir de la parálisis actual en que se encuentra.
El
análisis de estas propuestas no se agota en cinco minutos, pero puedo
mencionar algunos de los muchos puntos que me preocupan, y que pueden
rozar con la estabilidad de nuestro sistema democrático y de
representación. Se pretende realizar reformas a la Constitución Política
y al Reglamento de la Asamblea, encausadas principalmente a limitar la
función de las y los diputados. Entre ellas, se disminuyen los tiempos
de discusión de proyectos de ley en el Plenario, ignorando completamente
que la esencia del análisis de los proyectos se da precisamente en este
debate general. Es en el tiempo del uso de la palabra, en donde en
muchas ocasiones, se logran acuerdos a partir del convencimiento y el
intercambio de opiniones entre las diversas fracciones.
Otro
punto a discutir, es el intento de acortar los tiempos para dictaminar
los proyectos de ley. Es sorprendente esta reforma, ya que una de las
principales críticas que ha tenido la Asamblea Legislativa, es la de
aprobar leyes de una forma apresurada y sin mayor análisis. Considero
que en muchas ocasiones esta acusación es injusta, pues en mi caso y en
el de muchas compañeras y compañeros diputados, ha imperado el estudio y
la responsabilidad a la hora de emitir el voto a los proyectos.
Reconozco que existe presión de algunas fracciones para sacar aprobados,
proyectos que están muy jóvenes en la corriente legislativa, y que
tocan temas sumamente delicados, como es el caso de varios de los
préstamos que se han tramitado, y que las presiones del oficialismo han
promovido que se concreten sin el tiempo de meditación necesario.
En
lo que se refiere al tema de reforma de la jurisdicción constitucional,
se propone la creación de tribunales que resuelvan en primera instancia
los recursos de amparo y de hábeas corpus. Esta modificación nace con
la intención de desconcentrar la cantidad de asuntos que atiende la Sala
Constitucional, pero debe analizarse si esta propuesta, es la solución
adecuada para la población. Recordemos que de estos recursos depende el
respeto de los derechos de los habitantes de este país, y es
precisamente por la relevancia del tema, que el legislador destinó el
estudio de tales recursos directamente a la Sala Constitucional. Además,
debemos recordar que la jurisprudencia debe guardar armonía en sí
misma. También, en esta reforma se propone que la presentación de tales
recursos no suspenda los efectos del acto, lo que en algunas ocasiones
podría provocar que un daño que esté realizando la Administración
Pública, no cese, mientras el asunto no sea resuelto.
Son
mucho más las observaciones a estos proyectos, que no es posible
enumerarlas en cinco minutos, pero deseo que consideremos con sumo
cuidado lo que nos han hecho llegar. Estoy
consciente que Costa Rica urge de una solución integral, para atender
sectores tan importantes como el económico y el social, pero no es
produciendo leyes y más leyes como vamos a solucionar los problemas. El
Poder Legislativo indudablemente tiene que mejorar su función, pero
también lo debe hacer el Poder Ejecutivo, que pobre favor le hace al
país desviando la atención hacia los otros Poderes de la Estado.
Como
ejemplo, la creación de distritos electorales para elegir diputados es
buena, pero será improductiva si no se acompaña de la distribución
provincial por cocientes y residuos, para evitar que una sola fuerza
política obtenga el triunfo en todas las circunscripciones electorales.
Los
temas son variados, muy delicados, por lo que un análisis apresurado, o
en paquete de reformas vía referéndum, no sería el camino prudente para
la tramitación de las mismas.
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