Esta tarde, la
Diputada Mireya Zamora Alvarado aseguró que el contrato de Concesión de
Obra Pública del corredor vial San Jose -
San Ramón, se podría rescindir debido a una aparente serie de incumplimientos en
que ha incurrido la empresa adjudicataria de la obra y, que a todas luces,
atentan contra el interés público.
La
Legisladora aseguró que una vez revisado el contrato de licitación firmado en
el año 2004 entre las partes, y hecho un recuento de todo lo que ha sucedido
con este proyecto en los casi 10 años que han transcurrido desde entonces,
queda claro que ha habido infracciones que hacen nulo el contrato.
“Mientras
tanto, el pueblo de Costa Rica ha venido pagando caras facturas para realizar
arreglos en el puente de “La Platina”,
en el hundimiento de la autopista a la altura del Real Cariari y la
ampliación de un gran tramo de carretera entre el Aeropuerto Juan Santamaría y Poás; a pesar de que una
empresa se hizo responsable de esta infraestructura hace casi una década. Es el colmo que a vista y paciencia del MOPT
la empresa concesionaria simplemente ignore las responsabilidades que
legalmente adquirió cuando se adjudicó el proyecto, y que no sufra
consecuencias por ello”, manifestó Zamora.
Es por
esto que la Diputada está solicitando a la Contraloría General de la República
y al Consejo Nacional de Concesiones que de manera urgente se le brinde toda la información referente a esta
concesión y a la posterior cesión del contrato a la empresa OAS; y así, una vez
corroboradas las faltas, se procederá a pedir a la Administración Pública que
haga la apertura de un proceso contencioso, de forma que en el corto plazo se
exija a la empresa adjudicataria el pago de daños y perjuicios al pueblo
costarricense.
“Es
triste decirlo, pero las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes están jugando con
la necesidad de la gente, pues si bien
todos somos conscientes de que debemos actualizar las condiciones de la
carretera dada la saturación vehicular que vivimos, lo cierto es que la
concesión, tal y como se está planteando, ignora el bienestar y los derechos de
los costarricenses y pone por encima los intereses económicos de una empresa
extrajera”, señaló.
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