El Partido Movimiento Libertario comparte la necesidad de establecer el acceso al recurso hídrico como un derecho de todo individuo residente en nuestro país.

Sr. Presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y ciudadanos que nos honran con su interés:

A raíz de la desinformación que se ha generado con las reformas constitucionales en el tema del agua, debo reiterar que el Partido Movimiento Libertario comparte la necesidad de establecer el acceso al recurso hídrico como un derecho de todo individuo residente en nuestro país.

Nuestro partido pretende que la naturaleza jurídica del agua continúe en la Constitución Política, en los mismos términos en los que se encuentra hasta el día de hoy.

Los constituyentes de 1949 establecieron, de dominio público, solo las fuerzas provenientes de las aguas; esto quiere decir que, el legislador dejó a cargo del Estado, únicamente las fuerzas del agua que le permitieran generar energía.

Bajo esta figura jurídica hemos vivido de manera pacífica, produciendo riqueza y desarrollo, alcanzando, a través de Acueductos y Alcantarillados, de nuestros municipios y de nuestros acueductos rurales, un acceso al agua potable cercano al 96% de nuestros habitantes, siendo este indicador el más alto de América Latina.

Las experiencias que han sido exitosas no deben ser cambiadas. Si en las actuales circunstancias el país ha logrado insertarse de, manera positiva, en la ruta del desarrollo, no veo por qué debamos estatizar el agua, y poner bajo la jurisdicción de un Estado ineficiente, abusivo y regulatorio, la administración de tan preciado recurso.

Estamos de acuerdo que la supervisión y concesión de las fuerzas derivadas de las aguas permanezcan en manos del Estado, pero entregarle al mismo el dominio absoluto, es inconveniente para la producción y el libre emprendimiento de los ciudadanos.

Ya existe sobrada legislación e instituciones que regulan y controlan dicho recurso, y poner al Estado a entrabar aún más los emprendimientos, otorgándole más competencias o potestades, conlleva a la creación de más burocracia , más solicitudes de permisos y concesiones innecesarias que vienen a entorpecer aún más, la tramitomanía nacional.

El Estado nunca ha sido un buen administrador, y eso lo sabemos todas y todos. La agresión que día a día sufre el ciudadano con filas en todas las oficinas gubernamentales, desde la obtención de una licencia de conducir, de un pasaporte, de un permiso municipal o solicitudes gestionadas ante los ministerios y entes descentralizados, son vivos ejemplos de un aparato centralizado gigantesco y poco eficiente.

Como les mencioné, el espíritu de los constituyentes fue acertado cuando introdujo la naturaleza jurídica del agua en la Constitución Política, y estimó que el Estado debía tener control de la fuente de energía que representa las fuerzas de las aguas, pero que sería un recargo absurdo e innecesario obligarlo a custodiar todas las aguas del país.

De ser así, las instituciones del Estado como Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía, y cuanto ente y órgano estatal exista, relacionado con la protección al ambiente, tendrían un recargo en sus competencias para custodiar todas las aguas, incluidas aquellas que no necesitan ser cuidadas.

Estamos convencidos que ese cambio que algunos pretenden, no garantiza el acceso al agua potable, pero sí aumenta la burocracia. Nosotros, como fracción política, deseamos que se mantenga igual, y no pretendemos, bajo ninguna circunstancia, que el agua se privatice como errónea y tendenciosamente se ha indicado por algunos pocos en diversos medios. Estamos a favor de que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano.

Fuimos el primer grupo político en presentar la reforma para que esto fuese así. Este proyecto tiene las firmas de otras fracciones legislativas y se estudia bajo el expediente 17.793.

Creo que esta aclaración ha sido necesaria para fijar con claridad, nuestra verdadera posición en el tema del agua y su manoseo constitucional.

Muchas gracias por sus minutos de atención.

Diputada Natalia Diaz Quintana PML