Quiero referirme en esta ocasión, a la situación de alarma que, tanto el Instituto de Estadística y Censo- INEC-, como los diferentes medios de comunicación, lo vienen expresando. Hay un repunte inminente de la inflación, es decir en el índice mensual del crecimiento de precios de los bienes y servicios para los consumidores.
Un recibo de agua, por el cual una familia promedio pagaba hace un año 12 mil colones mensuales, hoy día paga 26 mil colones al mes por el mismo consumo de metros cúbicos del preciado líquido.
También el costo de la energía eléctrica ha experimentado un alza desmedida en los últimos 12 meses. Un recibo que era de 22 mil colones por 250 watts de consumo eléctrico hace 1 año, hoy alcanza la suma de 38 mil colones mensuales como promedio.
Y es que este tipo de servicios básicos, están regulados, es decir, sus aumentos tarifarios son aprobados por la ARESEP- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos-, diz que a través de un estudio de costos bien sustentado. Deduzco entonces que, es el mismo estado el responsable de una aceleración inflacionaria, y no son aquellos bienes y servicios de libre fijación y competencia de precios, los que atizan el crecimiento de los mismos. Volvemos al viejo y controversial tema de que son los mismos monopolios estatales, los disparadores de las tarifas, y no la libre competencia en el mercado.
Es decir, los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4%.
Con claridad lo ha dicho el diario La Nación en su editorial del 18 de mayo, abro comillas: “Sabemos que se han realizado varios estudios, algunos muy complejos, para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero, a estas alturas, no se han puesto en ejecución y todavía prevalecen en muchos de ellos, criterios jurídico-contables para establecer las tarifas con base en todos los costos de operación de las entidades, incluyendo las burocracias, como la del ICE. Y aunque las nuevas metodologías deban ser amparadas por leyes y normas aún por promulgar, el país debe avanzar para subsanar el rezago que por años se ha venido acumulando.
Dicho lo anterior, tampoco debe ignorarse el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control del gasto de las entidades, ni la evaluación de las erogaciones por sueldos y salarios, o las prebendas en los sobresueldos públicos, como tantas veces hemos señalado desde esta sección editorial. Las negociaciones con los sindicatos están atascadas y no se vislumbra un esfuerzo por reformar el sistema. Todo eso influye en los precios de los servicios prestados y, desde luego, en la inflación que recae sobre los bolsillos de los costarricenses”. Cierro comillas. Sr Regulador General, usted tiene la palabra.
